INFRA ROJO
Gestión de riesgos en el sector privado: la deuda
pendiente
Por José Rafael Moya Saavedra (Maestro en Gestión Integral
de Riesgos, Universidad Ducens)
En los capítulos anteriores vimos
que proteger la infraestructura crítica, acortar el tiempo de respuesta y
llevar la prevención a la calle son pilares para la resiliencia nacional. Pero
en ese engranaje falta una pieza que todavía no engrana como debería: el
sector privado.
En México, la gestión de riesgos
en las empresas es reconocida como área estratégica, pero su madurez y
cobertura siguen siendo desiguales. Solo el 28% de las empresas cuenta con
un programa formal de gestión de riesgos, el 61% está en proceso de
desarrollarlo y el 11% carece totalmente de uno. En muchos casos, los esfuerzos
han surgido como reacción a crisis —como la pandemia— y no como parte de una
cultura preventiva consolidada.
Un panorama de vulnerabilidad
Limitaciones en tecnología y especialización
El 40% de las compañías reporta
no tener herramientas tecnológicas para gestionar riesgos de manera integral.
Aquellas que involucran a su Consejo de Administración o cuentan con áreas
especializadas muestran mejores resultados… pero son minoría.
Inseguridad y crimen organizado
El 58% de las empresas ha sido
víctima de la delincuencia, destinando entre el 2% y el 10% de su presupuesto
anual a seguridad. Esto afecta la competitividad y refleja la falta de soporte
suficiente por parte del Estado.
Ciberataques en crecimiento
En 2023, el 68% de las empresas
sufrió al menos un incidente cibernético, muchas sin planes de recuperación o
protocolos internos de ciberseguridad. El riesgo digital se ha convertido en un
talón de Aquiles empresarial.
Adaptación lenta a riesgos climáticos y regulatorios
Aunque crece la conciencia sobre
riesgos derivados del cambio climático, sostenibilidad y cumplimiento
normativo, los marcos operativos para integrarlos avanzan con lentitud frente a
la velocidad de los cambios globales.
Obligaciones y corresponsabilidad legal
La legislación mexicana en
materia de protección civil y gestión integral de riesgos establece que el
sector privado es corresponsable, junto con los sectores público y social, de
prevenir y reducir riesgos. Por ley, las empresas deben:
- Implementar
programas internos de protección civil.
- Informar
a las autoridades sobre riesgos significativos.
- Participar
activamente en ejercicios de prevención, capacitación y reacción ante
emergencias.
Cumplir no es opcional, pero la
práctica demuestra que muchas organizaciones se quedan en la formalidad del
papel, sin una implementación viva y operativa.
Problemas persistentes
- Visión
reactiva: se refuerzan controles solo después de un incidente.
- Escasa
cultura de prevención: más cumplimiento normativo que estrategia
integral.
- Brecha
por tamaño: grandes empresas más avanzadas; PYMES con carencias graves
en recursos y capacitación.
- Desconexión
con el entorno: baja coordinación con autoridades y poca integración
de la cadena de suministro en planes de contingencia.
Claves para cerrar la brecha
- Prioridad
desde la alta dirección: integrar la gestión de riesgos en la agenda
del Consejo de Administración y no relegarla al área de cumplimiento.
- Inversión
en tecnología y capacitación: plataformas de monitoreo, análisis de
datos, inteligencia artificial para riesgos emergentes y formación
constante del personal.
- Cobertura
integral de amenazas: incluir riesgos naturales, tecnológicos,
cibernéticos, climáticos, legales y de seguridad física.
- Fomento
de la cultura preventiva: simulacros internos, planes de continuidad,
alianzas con autoridades y capacitación en todos los niveles.
- Migrar
hacia la prevención: diseñar políticas anticipadas y no depender
únicamente de la reacción post-crisis.
Colofón
La gestión de riesgos en el
sector privado mexicano ha avanzado, pero sigue siendo una deuda pendiente. Una
empresa preparada protege a sus trabajadores, sus activos, su reputación y a la
comunidad que la rodea. En un país donde los desastres y las amenazas son
recurrentes, invertir en prevención no es un gasto: es la mejor póliza de
resiliencia, competitividad y sostenibilidad.
Si bien, es cierto que muchas organizaciones hacen planes o programas basados en una exigencia legal, el sector público, ahora, carece aún más de todos estos planes. Se enfocan en "planes hacia afuera" sin atender o verificar los peligros y riesgos internos.
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