INFRA ROJO

 

INFRA ROJO – La Línea del Riesgo (Núm. 5)

Crisis alimentaria en puerta: cuando el Estado confunde auxilio con protección

Opinion de Jose Rafael Moya Saavedra

Las lluvias extremas de octubre de 2025 no solo anegaron pueblos: expusieron el vacío de aseguramiento público y privado, la fragilidad de la infraestructura rural y la dependencia a improvisaciones presupuestales. Si no se corrige el rumbo —con responsabilidad y reglas claras— México pasará de la emergencia recurrente a la vulnerabilidad crónica.

1)      El hecho (sin eufemismos)

Cuadro 1. Estados más afectados por las lluvias de octubre de 2025

• Lluvias intensas con afectaciones en 31 de 32 entidades.
• Estados con mayor número de víctimas y daños: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero.
• Inundaciones, deslaves, caminos y puentes rurales colapsados, hospitales y escuelas dañados.
• Cultivos básicos (maíz, frijol, hortalizas) y pequeña ganadería bajo el agua.
• Activación de DN-III-E y Plan Marina, albergues y distribución de víveres.

Diagnóstico inmediato: la respuesta operativa llegó; la protección financiera y la recuperación productiva no.

2) Seguridad alimentaria en jaque

México no enfrenta una hambruna nacional inminente, pero sí un riesgo alto de emergencias alimentarias locales en regiones rurales inundadas y marginadas. Tres vectores lo explican:

1. Pérdida de cosechas y medios de vida. Lo que se anega hoy no se cosecha mañana. Sin indemnización ni crédito puente, el ciclo agrícola se rompe.
2. Ruptura logística. Carreteras vecinales y puentes bajos inutilizados impiden el abasto de alimentos y el traslado de ayudas.
3. Desprotección financiera. La baja penetración de seguros privados, la cancelación o ausencia de seguros estatales y los cuellos de botella del apoyo federal dejan a comunidades enteras sin liquidez para reiniciar.

Cuadro 2. Tipología de desprotección ante desastres (2025)

Cuando el productor pierde la cosecha, pierde comida, ingreso y semilla. Y sin carretera, pierde también el mercado. La ecuación es simple y brutal.

3) El elefante en la sala: seguros y fondos

• Seguro catastrófico nacional y bonos existen, pero su diseño prioriza infraestructura pública y flujo macro de recursos; no suple pólizas estatales ni la micro-indemnización al productor.
• Estados sin seguro (emblema: Veracruz desde junio de 2025) trasladan el riesgo al gobierno federal y a la caridad.
• INFONAVIT cubre viviendas con crédito al corriente; no cubre al universo de hogares rurales que construyeron con esfuerzo propio.
• Municipios con pólizas son la excepción, no la regla; los montos son limitados y heterogéneos.

Conclusión: El país reaccionó (auxilio) pero no estaba asegurado (protección). Un retroceso institucional.

4) Tres umbrales de riesgo y qué hacer (ya)

0–30 días | Rescate y contención

• Garantizar agua potable y alimentos proteicos en comunidades aisladas.
• Inventario fino de afectaciones en parcelas y hatos, con padrón y georreferencia pública.
• Crédito de emergencia a tasa subsidiada (no dádiva): 90 días de gracia, dispersión móvil en localidades.
• Sistema de pasos provisionales (vados, puentes modulares, terraplenes) para restablecer el abasto.

31–90 días | Recuperación productiva

• Semilla certificada y paquetes tecnológicos (suelo, plaga, riego de auxilio) para resembrar donde sea viable.
• Compra pública de excedentes regionales para sostener el precio del maíz y frijol local y alimentar albergues.
• Empleo temporal pagado por resultados: limpieza de canales, desazolve, reparación de caminos saca-cosecha.

90–180 días | Blindaje contra la próxima temporada

• Restaurar el seguro agropecuario estatal con coinversión Federación-Estados; póliza paramétrica por exceso de lluvia e inundación, con liquidación en 10 días.
• Fondo municipal de contingencia (reglado, auditado) para vivienda social y microcomercios.
• Programa de puentes bajos y drenajes rurales con criterios técnicos: donde colapsó uno, se reconstruye a cota mayor y con sección hidráulica suficiente. Nada de “dejarlo como estaba”.

Cuadro 3. Escenarios de riesgo alimentario (2025–2026)

5) Responsabilidad del Estado (y de cada nivel de gobierno)

Federación

• Establecer una política nacional de aseguramiento contra desastres que unifique criterios mínimos: suma asegurada por hectárea, umbrales paramétricos, tiempos de pago, interoperabilidad de padrones.
• Convertir DN-III-E y Plan Marina en puentes a la recuperación, no en el final de la historia: que el auxilio desemboque en crédito, seguro y reactivación productiva.
• Publicar tablero de control diario: infraestructura restituida, hectáreas indemnizadas, créditos otorgados, caminos abiertos.

Estados

• Recuperar pólizas catastróficas con licitación técnica, no política. Quien canceló la cobertura debe explicar por qué, y con qué alternativa protegió a su población.
• Compatibilizar los censos con el padrón agropecuario y con catastros municipales; un censo sin nombre, coordenada y evidencia fotográfica, es cheque en blanco.

Municipios

• Reglamentar consejos de protección civil con voz de productores, comisariados ejidales y cooperativas.
• Etiquetar al menos 1% del presupuesto a un fondo de contingencia local con reglas de operación y auditoría ciudadana.

Si todo es “coordinación”, pero nadie responde por las decisiones críticas —como dejar sin seguro a un estado—, la responsabilidad se diluye. Eso debe terminar.

Cuadro 4. Responsabilidad y capacidad de respuesta

6) Lo que no debe repetirse

1. “Auxilio primero, auditoría después”. Error. La trazabilidad del apoyo debe existir desde el día uno.
2. Reconstruir igual que antes. Si el drenaje falló, se rediseña; si el puente quedó bajo, se eleva; si el cauce necesita rectificación y bordos, se hacen con proyecto y norma.
3. Programas sociales como sustituto del seguro. La transferencia sin póliza no reconstruye capacidad productiva; solo parchea.
4. Censos de papel. El estándar mínimo hoy es evidencia digital georreferenciada, accesible y verificable.

7) Agenda mínima para blindar la seguridad alimentaria (2026–2028)

• Póliza nacional marco para estados (modelo “pick & place”): módulos de exceso de lluvia, inundación y pérdida de suelo; liquidación automática.
• Red de Abasto Rural Resiliente: 10 000 km de caminos saca-cosecha con drenaje transversal y cunetas, priorizados por riesgo y valor agroalimentario.
• Microaseguramiento solidario: primas compartidas entre productor, estado y federación; cobertura para pequeña ganadería.
• Reservas estratégicas municipales de maíz y frijol (bajo norma de almacenamiento), con reglas para su liberación en emergencias.
• Índice de Riesgo Alimentario Municipal (IRAM): capas de exposición (clima), vulnerabilidad (ingreso, aislamiento) y capacidad (salud, abasto). Que el presupuesto siga al riesgo, no a la foto.

8) La política detrás del lodo

La emergencia dejó ver dos rostros:

• El operativo, que salva vidas y entrega víveres —necesario, digno y valorable.
• El estructural, que nos falta: seguros vigentes, infraestructura que aguante, padrones confiables y reglas de gasto que premien la prevención y castiguen la omisión.

La doctrina conservadora en protección civil es clara: prevenir cuesta menos que lamentar; asegurar es un deber, no un lujo; mantener la infraestructura crítica es economía pura. Cuando el Estado renuncia a asegurar —o lo posterga—, traslada el costo a los más pobres y fragiliza la paz social.

9) Epílogo: del auxilio a la confianza

La gente en sierra y costa no pide discursos: pide camino transitable, semilla, crédito y certeza. La confianza pública no se compra con anuncios; se construye con pólizas pagadas a tiempo, con puentes que no se caen y con abastecimiento que no se corta.

Si México quiere cortar La Línea del Riesgo, debe firmar —y cumplir— un pacto básico: nadie sin seguro, nadie incomunicado, nadie fuera del padrón. Lo demás es retórica que, con la próxima tormenta, volverá a flotar.

Firmas de responsabilidad – La Línea del Riesgo

Antes del siguiente desastre, los gobiernos deben firmar su compromiso con la protección de su gente.

Estas son las preguntas mínimas que toda autoridad estatal debería responder —por escrito— antes de hablar de “coordinación” o “solidaridad”.

Check de Responsabilidad Pública

Referencias (2024–2025)

1. CEPAL (2025). El cambio climático amenaza la base de la seguridad alimentaria en Mesoamérica. Santiago de Chile.
   👉 cepal.org/es/comunicados
2. CNPC (Coordinación Nacional de Protección Civil). Informe preliminar de afectaciones por lluvias intensas en México, octubre 2025.
3. SEDENA / SEMAR. Aplicación del Plan DN-III-E y Plan Marina, corte nacional 12 de octubre 2025.
4. INEGI (2024). Medición de la Pobreza Multidimensional 2024.
   — Indicadores de inseguridad alimentaria y pobreza rural.
5. El Economista (2025). México contará con un seguro y cuatro bonos catastróficos para desastres naturales.
   eleconomista.com.mx
6. El País (2025). México se inunda: las lluvias dejan 41 personas muertas y miles de viviendas afectadas.
   elpais.com/mexico
7. Infobae (2025). Sube a 44 el número de muertos por lluvias en México; activan Plan DN-III-E.
   infobae.com/mexico
8. Greenpeace México (2025). Riesgos del cambio climático en las zonas urbanas y costeras de México.
9. Hora Cero Veracruz (2025). INFONAVIT llama a aplicar seguro de daños ante lluvias en la zona norte de Veracruz.
10. Presencia MX (2025). Veracruz, sin seguro contra desastres naturales desde junio.
11. UNAM Global (2025). Lluvias intensas en CDMX y Estado de México: causas y medidas de reducción de riesgo.
12. Oxfam México (2024). Desigualdad y vulnerabilidad ante desastres: el costo social del clima.
13. Banco Mundial (2023). Agricultural Risk Insurance in Latin America: Policy Lessons from Mexico and Brazil.