INFRA ROJO – LA CIUDAD QUE ARDE PARTE VI (Final)
Gobernar el riesgo o administrar el humo
Por José Rafael Moya Saavedra
Después de Taxqueña, Zamora 75 y
el mapa del riesgo cotidiano, la pregunta ya no es qué pasó, ni siquiera dónde
puede volver a pasar.
La pregunta es otra: ¿qué
decide hacer la ciudad con el mapa que ya conoce?
La Ciudad de México no vive a
ciegas. Registra, archiva y actualiza datos sobre fugas de gas, explosiones,
cortocircuitos e incendios en vivienda. Tiene atlas, estadísticas de bomberos,
reportes de protección civil y padrones de miles de unidades habitacionales y
edificios de alta densidad donde una falla doméstica puede escalar a emergencia
estructural en minutos.
El riesgo no es invisible. Lo
invisible es la decisión de intervenirlo antes.
Administrar el humo
Hoy, el modelo dominante es claro. Se repite con precisión
casi ritual:
suena la sirena,
se acordona la zona,
llegan bomberos,
se evacúa,
se controla la emergencia,
se informa que “no hubo víctimas”
y el ciclo se cierra con un “evento controlado”.
Ese modelo funciona después.
Y mide su eficacia por tiempos de
respuesta, columnas de humo contenidas y ciclos informativos acotados.
Administrar el humo significa
gobernar el riesgo como si fuera inevitable: asumir que la tarea del Estado
empieza cuando el edificio ya arde o estalla, no cuando las condiciones que lo
hacen posible se acumulan durante años sin corrección.
Mientras tanto, las bases de
datos cuentan otra historia: decenas de miles de fugas de gas atendidas,
cientos de explosiones, miles de cortos e incendios en vivienda, más de once
mil unidades habitacionales y múltiples torres donde gas, electricidad y densidad
conviven sin intervención sistemática.
La ciudad administra bien la
emergencia. Lo que no gobierna es el riesgo que la produce.
Gobernar el riesgo: qué implicaría en concreto
Gobernar el riesgo no es un
cambio de discurso, sino de prioridades. Implica aceptar que el gas, la
electricidad y la arquitectura de la ciudad son campos de política pública,
no asuntos privados ni accidentes fortuitos.
Implica, como mínimo, mover el
eje de acción hacia medidas estructurales:
|
Campo |
Medida mínima |
Qué cambia frente al modelo actual |
|
Instalaciones de gas en vivienda |
Programa plurianual de sustitución de instalaciones de gas
LP en unidades habitacionales y edificios antiguos, con metas anuales y
apoyos escalonados. |
Deja de depender de recomendaciones y traslada el foco a
corregir físicamente las tuberías y tanques que hoy producen explosiones como
Taxqueña. |
|
Redes eléctricas en edificios |
Inspecciones periódicas obligatorias de instalaciones
eléctricas en multifamiliares y torres, con dictámenes públicos y plazos de
corrección. |
Reduce de forma sistemática la probabilidad de incendios
por cortos como Zamora 75, en lugar de atenderlos uno por uno. |
|
Datos y transparencia |
Base pública integrada y georreferenciada de fugas,
explosiones, cortos e incendios por colonia y tipo de inmueble. |
Convierte estadísticas dispersas en herramienta de
priorización, vigilancia social y presión pública. |
|
Regulación y cumplimiento |
Obligación normativa de planes de emergencia, brigadas
básicas y registros de mantenimiento en unidades y edificios de alta
densidad. |
Saca la gestión del riesgo del terreno de la buena
voluntad y la convierte en requisito para habitar. |
|
Presupuesto y prioridades |
Recursos etiquetados para reconversión e inspección, con
metas explícitas de reducción de siniestros. |
Desplaza el gasto de la administración del humo hacia la
reducción medible del riesgo. |
La ley y el propio Marco de Sendai obligan a fijar
metas claras de reducción del riesgo y de las pérdidas esperadas.
La ciudad, en la práctica, solo mide cuántos eventos logra controlar, no
cuántos deja de producir.
¿Quién decide entre una cosa y la otra?
Esta disyuntiva no es técnica. Es política.
Administrar el humo es más barato
en el corto plazo, menos conflictivo con desarrolladores, gaseras,
administraciones de condominios y presupuestos ya comprometidos. Permite
mostrar eficacia sin tocar intereses estructurales.
Gobernar el riesgo implica asumir
costos: reorientar recursos, imponer inspecciones incómodas,
hacer visibles mapas que generan exigencias, y reconocer que cada edificio no
intervenido es una decisión activa.
La corresponsabilidad existe,
pero no es simétrica.
Los hogares pueden cerrar llaves
y evitar sobrecargas, pero sin decisiones fuertes sobre infraestructura,
regulación y datos, la carga del riesgo se desplaza siempre hacia abajo.
El cierre inevitable
La Ciudad de México ya no puede
decir que no sabía. Después de Taxqueña, Zamora 75 y miles de incendios y
explosiones registrados año tras año, la disyuntiva está planteada con claridad
incómoda:
o se gobierna el riesgo, o se sigue administrando el
humo.
Vivir sobre un mapa que el
gobierno ya conoce tiene un costo político profundo: una ciudad que aprende que
su seguridad cotidiana es negociable y que su edificio puede convertirse mañana
en otro “caso lamentable” sin que nadie pierda realmente nada.
Aquí termina la serie Infra Rojo.
No con una alarma, sino con una decisión pendiente.
Porque el próximo estallido o incendio no será una
sorpresa. Será, otra vez, una omisión documentada.
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La información que sostiene esta serie no proviene de
conjeturas, sino de registros oficiales, marcos legales vigentes y estándares
internacionales que la ciudad conoce. Lo que está en disputa no es el
diagnóstico, sino la decisión de intervenirlo.
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