INFRA ROJO

 

INFRA ROJO La Línea del Riesgo

El país de las 2,500 interpretaciones (Segunda Parte)

El incendio que reveló el vacío moral de la prevención

Por José Rafael Moya Saavedra

 

Donde el humo revela más que el fuego

El incendio comenzó en silencio, como suelen empezar las tragedias que nadie quiso evitar. Una chispa, un cortocircuito, un transformador instalado donde no debía estar: dentro del local, a escasos metros de los anaqueles. Eran poco más de las tres de la tarde cuando el humo empezó a llenar la tienda Waldo’s, en Hermosillo. Afuera, el sol partía la calle en dos mitades luminosas; adentro, la oscuridad se espesaba con el olor a plástico quemado, a descuido y a omisión.

Cuando las llamas tocaron el techo, los primeros en correr fueron los empleados. No había rutas de evacuación señalizadas. No había salidas de emergencia. No había, siquiera, un plan.

El fuego avanzó con la velocidad de una verdad que nadie quiere escuchar: el país no está preparado para prevenir, solo para lamentar.

Las investigaciones posteriores confirmaron lo que la escena ya gritaba entre las cenizas: el establecimiento llevaba cuatro años operando sin permisos, sin dictamen, sin programa interno de protección civil, sin mantenimiento en los sistemas de detección y sin validaciones técnicas actualizadas. En el lugar había un transformador eléctrico instalado sin cumplir con la NOM-001-SEDE-2018, una violación directa a las normas básicas de seguridad eléctrica.

El incendio se extinguió en cuestión de horas, pero el humo moral tardará años en disiparse.
Porque lo que ardió en Waldo’s no fueron solo mercancías baratas, sino la credibilidad de todo un sistema que simula prevenir mientras perpetúa la negligencia.

En los días siguientes, el gobierno de Sonora removió al titular estatal de Protección Civil y anunció investigaciones. Sin embargo, lo que se reveló en Hermosillo no fue un hecho aislado, sino la expresión más visible de una enfermedad nacional: la descomposición ética e institucional de la protección civil en México.

El dictamen sin verdad y la firma sin conciencia

En el fondo del problema, late una pregunta que incomoda: ¿qué valor tiene una firma sin conciencia?

En el universo de la protección civil mexicana, los consultores y responsables técnicos se han convertido en una figura ambigua. Algunos son verdaderos profesionales; otros, simples intermediarios del cumplimiento. La diferencia entre ambos no está en el papel membretado, sino en la ética.

Durante años, la figura del consultor se deformó. Pasó de ser un garante técnico del cumplimiento normativo a un facilitador burocrático del negocio. Se multiplicaron los dictámenes exprés, los programas clonados y las capacitaciones improvisadas, todo bajo la promesa de “cumplir rápido y sin problemas”.

Lo que antes era una disciplina técnica rigurosa —fundada en la ciencia, la ingeniería y la responsabilidad social— se transformó en una industria del trámite.

Una cultura donde el documento vale más que la acción, la firma más que la verificación, y la simulación más que la prevención.

Los colegios y organismos gremiales han advertido desde hace años que la falta de ética profesional amenaza la seguridad pública. Pero los vacíos institucionales y la debilidad regulatoria permiten que personas sin acreditación, sin formación y sin actualización sigan elaborando programas y dictámenes.

Así, la protección civil se convirtió en un mercado gris: donde se compra la validación, no la competencia.

Cada firma sin sustento es una chispa. Y cada omisión, una condena que tarde o temprano arde.

El poder de la afinidad sobre la competencia

En la política mexicana, el mérito técnico suele perder ante la lealtad partidista. La protección civil, lejos de ser la excepción, es uno de sus laboratorios más evidentes.

En varios estados, los titulares de las unidades de protección civil son nombrados por afinidad política, no por experiencia o preparación. En San Luis Potosí, por ejemplo, el perfil oficial permite asumir el cargo con una certificación básica; en Zacatecas, los directores municipales fueron designados por compromisos políticos; en Veracruz, la titular estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, ha sido señalada por sus omisiones durante las inundaciones de 2025, sin contar con formación técnica en gestión de riesgos; y en Chiapas, tres funcionarios fueron detenidos por extorsionar a empresarios a cambio de no clausurar sus negocios.

El patrón se repite con precisión estadística: funcionarios sin conocimiento técnico, decisiones sin sustento y emergencias sin respuesta.

En teoría, la Ley General de Protección Civil exige profesionalización; en la práctica, la discrecionalidad la sustituye. Cada administración reinicia el sistema, cambia estructuras, borra proyectos, despide técnicos y nombra improvisados. La prevención pierde memoria cada tres o seis años.

Cuando quien coordina un sistema de emergencias no distingue entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo, lo que queda es la simulación. Y en la simulación, la tragedia es solo cuestión de tiempo.

Proveedores que venden seguridad de papel

La cadena del riesgo no se rompe en los despachos: también se corrompe en los talleres.
Los sistemas de detección, alarma, supresión y evacuación —que deberían ser la última línea de defensa— son instalados con frecuencia por empresas sin certificación, sin validaciones técnicas, sin conocimiento actualizado de las normas NFPA, ISO o NOM aplicables.

El resultado es una infraestructura que aparenta proteger, pero no resiste una emergencia real.
Alarmas que no suenan, extintores sin presión, sensores mal calibrados, detectores desconectados o paneles sin respaldo eléctrico. Todo esto validado por inspectores que, en muchos casos, no comprenden el funcionamiento de lo que aprueban.

El incendio de Waldo’s mostró el extremo visible de este fenómeno: equipos inexistentes o inservibles, aprobados por firmas complacientes.

Es el mismo esquema que se repite en bodegas industriales, hospitales públicos, escuelas, centros nocturnos y edificios gubernamentales.

La tecnología de la seguridad ha avanzado; lo que no ha avanzado es la cultura técnica ni la integridad de quienes la operan.

Aulas sin brújula, títulos sin sustento

El fuego también alcanza las aulas. Ahí, donde debería gestarse la nueva generación de gestores de riesgo, se enseña con materiales obsoletos, programas improvisados y una desconexión peligrosa con la realidad.

Aunque México cuenta con licenciaturas y programas técnicos en instituciones como la Escuela Nacional de Protección Civil o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los perfiles de egreso siguen siendo difusos. Cada escuela diseña su propio enfoque, sin estándares nacionales, sin homologación de competencias y, sobre todo, sin un eje ético que articule la formación técnica con el sentido de servicio.

El país produce profesionistas sin norte: egresados que conocen la jerga, pero no la responsabilidad moral que implica firmar un dictamen; técnicos que repiten fórmulas, pero no comprenden el valor humano de la prevención.

En las aulas se habla de simulacros, pero se enseña poco sobre la simulación como vicio institucional. Y mientras tanto, la actualización tecnológica —las normas NFPA, las certificaciones ISO, las prácticas OIT-SAFEWORK— avanza a un ritmo que las universidades no alcanzan.

El resultado es una brecha creciente entre lo que se enseña y lo que se exige. Los consultores salen al campo sin saber evaluar vulnerabilidades, los funcionarios improvisan ante emergencias, y los organismos públicos operan con estructuras de hace veinte años. En este contexto, la profesionalización no es una meta: es una deuda.

Chiapas, Veracruz y los otros incendios invisibles

Chiapas: la extorsión como política de inspección

En junio de 2025, tres funcionarios de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas fueron detenidos por extorsionar a un empresario restaurantero en Tuxtla Gutiérrez. El modus operandi era tan burdo como frecuente: exigían dinero a cambio de no clausurar establecimientos.

El caso se volvió símbolo del deterioro institucional. La autoridad encargada de prevenir el riesgo se convirtió en una amenaza más.

Tras el escándalo, el gobierno estatal lanzó una convocatoria de recertificación obligatoria para consultores y profesionales acreditados. Se revocaron registros, se revisaron antecedentes, se exigieron comprobantes de formación y experiencia. Un intento de limpiar el sistema, aunque tardío y parcial.
Chiapas mostró lo que muchos gobiernos esconden: que sin ética pública, la protección civil se convierte en extorsión legalizada.

Veracruz: la improvisación que costó vidas

En el norte de Veracruz, entre Poza Rica y Tihuatlán, las lluvias de 2025 dejaron un saldo de destrucción y muerte.

·       Las alertas no se emitieron a tiempo.

·       Los refugios no se activaron.

·       Las familias evacuaron por cuenta propia.

Y mientras el agua arrasaba calles y viviendas, la Secretaría de Protección Civil observaba el desastre desde la distancia burocrática.

La titular, Guadalupe Osorno Maldonado, fue señalada por legisladores y expertos por carecer de formación técnica en gestión de riesgos. Antropóloga social de profesión, enfrentó el desastre con herramientas políticas, no técnicas.

La diputada Lorena Piñón la acusó de “negligencia institucional” y exigió su destitución, calificando el nombramiento como “una forma de corrupción que cuesta vidas”.

El caso evidenció un problema de fondo: la protección civil no puede ser gestionada por la buena voluntad ni por el discurso de empatía. Requiere conocimiento, método, ciencia y responsabilidad moral.

Cuando la técnica se sustituye por el oficio político, la tragedia se vuelve previsible.

Zacatecas y San Luis Potosí: la costumbre de la mediocridad

En Zacatecas, la designación de directores municipales sin experiencia técnica se ha vuelto rutina.

En San Luis Potosí, la ley permite ocupar el cargo con una simple certificación básica.
En ambos casos, el resultado es idéntico: estructuras reactivas, cuerpos de emergencia sin capacitación, protocolos copiados y simulacros diseñados para la foto.

Ahí, donde debería haber ciencia, hay costumbre. Y donde debería haber vocación, hay improvisación administrativa.

Ciudad de México: luces y sombras del modelo capitalino

La capital del país es, sin duda, uno de los referentes más avanzados en materia de gestión de riesgos.

Bajo la conducción de Miriam Urzúa Venegas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha impulsado políticas de prevención sólidas, marcos normativos modernos y una visión estratégica que vincula la planeación urbana con la reducción del riesgo. Su formación en geografía y su trayectoria en políticas públicas la colocan entre las funcionarias más preparadas y comprometidas del sector.

Sin embargo, el problema no está en la cabeza del sistema, sino en sus extremidades institucionales.

En varias alcaldías y direcciones locales, la designación de responsables sin formación técnica, sin carrera profesional en gestión de riesgos y con rotación constante, debilita la ejecución del modelo capitalino.

La profesionalización parcial genera una paradoja: la Ciudad de México posee uno de los marcos legales más avanzados del país, pero su aplicación es desigual y frágil en el territorio.

Un edificio puede ser seguro en Benito Juárez y riesgoso en Iztapalapa, no por su estructura, sino por la preparación —o falta de ella— de quien supervisa.

La Secretaría capitalina ha construido un andamiaje técnico y normativo digno de reconocimiento, pero mientras las alcaldías sigan siendo islas políticas desconectadas del sistema central, la ciudad seguirá navegando entre la excelencia institucional y la vulnerabilidad cotidiana.

Mérito, técnica y vocación: la reconstrucción pendiente

Si algo une a todos estos casos —Hermosillo, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, la Ciudad de México— es la ausencia de una ética pública del riesgo.

Una cultura que entienda que proteger la vida no es un trámite ni un contrato: es una vocación de servicio sustentada en la ciencia, la honestidad y el deber moral.

México necesita un sistema que devuelva a la protección civil su carácter profesional y su legitimidad ética.

No se trata de una nueva ley, sino de un nuevo principio: el mérito como norma, la certificación como garantía, la transparencia como método.

El futuro de la gestión del riesgo en México pasa por tres pilares:

• Ética profesional, como cimiento moral.
• Técnica certificada, como garantía de competencia.
• Permanencia institucional, como antídoto contra la improvisación.

La prevención no puede seguir dependiendo de héroes ni de discursos. Debe basarse en estructuras que funcionen incluso cuando los reflectores se apagan.

Un país que mide su respuesta por el número de tragedias no es resiliente: es reincidente.

El país que apaga sin prevenir

El humo del incendio en Hermosillo aún flota sobre las calles, invisible pero persistente. No solo es el recuerdo de una tienda que ardió, sino el símbolo de un país que confunde la reacción con la prevención.
Aquí, cada tragedia genera titulares, conferencias, promesas… y olvido. Hasta que el próximo fuego nos recuerda que seguimos sin aprender.

México es, todavía, un país que apaga sin prevenir. Un país donde la ética se tramita, la técnica se improvisa y la responsabilidad se posterga.

Pero también es un país donde algunos siguen creyendo: bomberos que reclaman estándares, ingenieros que certifican con rigor, consultores que se niegan a firmar sin verificar, profesores que enseñan la ética como parte de la ciencia.

Ellos son la línea roja que separa la simulación del deber. Y mientras esa línea exista, el fuego no habrá ganado del todo.

Porque el verdadero propósito de la protección civil no es apagar incendios. Es evitar que vuelvan a empezar.

 

Referencias normativas y técnicas

• NOM-001-SEDE-2018, Instalaciones Eléctricas (Utilización). Secretaría de Energía / DGN.
• Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, reforma 2023.
• Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Gaceta Oficial, 2021.
• NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling Code, 2022).
• ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• OIT-SAFEWORK, Programa Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.