INFRA ROJO
Bienestar para quién
Los productos sociales que pagan barato al campesino y
enriquecen a los maquiladores
Por José Rafael Moya Saavedra
En las Tiendas del Bienestar, una
barra de chocolate, un frasco de miel o un sobre de café soluble llevan algo
más que un precio accesible. Llevan un mensaje: este producto ayuda al
pequeño productor. La marca “Bienestar” funciona como un sello moral. No es
solo alimento; es una promesa de justicia social, comercio justo y ruptura con
los viejos intermediarios.
Pero detrás de esa etiqueta se
abre una pregunta incómoda: ¿quién captura realmente el valor de los
Productos del Bienestar?
Este reportaje reconstruye
contratos, precios, volúmenes y actores para mostrar que, en varios de los
principales productos del programa, el pequeño productor sigue vendiendo
barato, mientras el valor agregado se concentra en empresas privadas con contratos
públicos millonarios, ahora legitimadas por una narrativa social.
El discurso: sin intermediarios, precio justo
Desde su lanzamiento formal en
2025, el gobierno federal ha presentado los Productos del Bienestar como parte
de una política de soberanía alimentaria. El discurso es consistente: compra
directa a pequeños productores, eliminación de intermediarios, pago de precio
justo y venta a bajo costo al consumidor final.
En el papel, el modelo parece
virtuoso. En la práctica, la cadena productiva cuenta otra historia.
Café del Bienestar: el productor asume el riesgo
En regiones cafetaleras de
Veracruz, Oaxaca y Puebla, organizaciones de productores han denunciado que el Café
del Bienestar paga alrededor de 4,500 pesos por quintal de café
pergamino, mientras el mercado local ha alcanzado precios de hasta 6,000
pesos. La diferencia representa cerca de 25% menos ingreso y, en
muchos casos, no cubre los costos reales de producción.
Mientras el productor vende
barato, la industrialización y el envasado del café soluble se concentran en Café
Tostado de Exportación, S.A. de C.V. (Catoex), empresa que recibió
contratos públicos por hasta 118.7 millones de pesos, mediante procesos
de invitación restringida. En esos mismos procesos participaron Cafiver y
Cafés Finos de Córdoba, firmas veracruzanas históricamente ligadas
entre sí y señaladas en investigaciones relacionadas con el desfalco de
Segalmex.
El esquema es claro: el productor
asume el riesgo del precio; la empresa maquiladora asegura el margen. El
intermediario no desapareció: cambió de forma.
Derecho de réplica
Lo que dice Alimentación para el Bienestar
Tras la publicación de los
primeros reportajes críticos, la Secretaría de Alimentación para el Bienestar
envió una respuesta escrita en la que defendió el esquema del Café del
Bienestar. La dependencia afirmó que el precio pagado al productor se definió en
noviembre de 2024, a partir de “un estudio de mercado” y de al menos dos
reuniones con organizaciones que agrupan a unas 64 cooperativas y cerca
de 15 mil caficultores. Según su versión, en ese momento el precio no
estaba por debajo de los valores del mercado; el desfase se habría
producido posteriormente, cuando las cotizaciones internacionales alcanzaron
“los niveles más altos en 47 años”.
La Secretaría sostuvo también que
“no tiene registro” de inconformidades formales por parte de productores
respecto al precio pagado, y justificó la adjudicación del contrato a Catoex
señalando que fue seleccionada tras cotizar con tres empresas y ofrecer “las
mejores condiciones”, incluyendo maquila, logística y traslado a puntos de
entrega.
La respuesta oficial introduce
matices sobre el momento en que se fijó el precio y sobre la existencia de
reuniones con organizaciones de productores. Sin embargo, no desmonta el
problema estructural: el riesgo de la subida de precios lo absorbió el
productor, mientras el contrato con la maquiladora quedó blindado durante todo
el año. El Estado conserva la discrecionalidad para fijar precios y seleccionar
empresas, pero desconoce inconformidades que sí han sido documentadas
públicamente en la prensa local y por organizaciones cafetaleras.
Chocolate del Bienestar: impacto simbólico, escala mínima
El Chocolate del Bienestar
ha sido presentado como símbolo del rescate del cacao mexicano y del
fortalecimiento de comunidades campesinas de Tabasco y Chiapas. Sin embargo,
los datos muestran un impacto limitado.
E l programa
compra menos del 1% de la producción nacional de cacao, lo que reduce de
manera significativa su capacidad para modificar ingresos campesinos de forma
estructural. La maquila de la barra se concentra en Grupo Industrial CACEP,
la mayor procesadora de cacao del sureste, ubicada en la Hacienda Jesús María,
en Comalcalco.
El valor agregado —procesamiento,
empaquetado y comercialización— se genera fuera de las comunidades productoras.
El cacao se compra como materia prima; la ganancia se produce en otro punto de
la cadena.
Maíz y harina: el viejo actor con nuevo empaque
En el componente de maíz, Minsa
Industrial recibió un contrato por 346 millones de pesos para
transformar hasta 60 mil toneladas de maíz en harina nixtamalizada dentro del
programa Maíz para Todos. El dato resulta políticamente incómodo:
mientras el discurso oficial critica la concentración histórica del mercado del
maíz, la operación descansa en uno de los actores dominantes de ese mismo
mercado.
El resultado es un modelo
híbrido: compra pública con narrativa social, transformación privada
concentrada y productor sin poder real de negociación sobre precios o
condiciones.
Abasto rural: concentración y opacidad
En el Programa de Abasto
Rural, investigaciones periodísticas han documentado una alta
concentración del presupuesto en pocas empresas proveedoras. Firmas con
observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación continúan
recibiendo contratos, mientras otras de reciente creación capturan porcentajes
relevantes del gasto.
No existe una lista pública
consolidada de proveedores ni una trazabilidad clara por producto. Tampoco hay
padrones abiertos que permitan identificar qué productores participan, en qué
condiciones y con qué precios.
¿Cuánto del campo pasa por el Bienestar?
Más allá del discurso, los
volúmenes permiten dimensionar el alcance real del programa.
En el caso del café, el propio
gobierno reconoce que han participado 6,646 productores y que se han
acopiado 913 toneladas para el Café del Bienestar. Es una cifra
relevante para la narrativa oficial, pero marginal frente al volumen total de
café que produce el país. El grueso de la cafeticultura mexicana sigue
dependiendo de otros compradores, condiciones y precios.
En frijol, para 2025 se estima
una producción nacional de alrededor de 350 mil toneladas. El esquema de
acopio oficial plantea comprar cerca de 60 mil toneladas, es decir, alrededor
del 17% del total. En el mejor escenario, el Estado compra una sexta parte
del frijol producido; el resto permanece expuesto a la volatilidad del mercado
y a la presión de precios a la baja.
En miel, los datos oficiales
sobre el volumen específico de Miel del Bienestar aún no son precisos.
Programas asociados hablan de apoyar a una parte importante de apicultores en
estados como Yucatán y Chiapas, donde la producción conjunta supera las diez
mil toneladas. Aun así, frente a una producción nacional de varias
decenas de miles de toneladas, el volumen adquirido por esquemas de
Bienestar representa solo una fracción, mientras la mayor parte de la miel
mexicana sigue fluyendo hacia exportadores privados y mercados convencionales.
Cuando se miran los volúmenes
relativos, los Productos del Bienestar aparecen más como una cuña política y
simbólica en cada cadena que como un cambio estructural. El Estado no
reemplaza al mercado: lo bordea, compra una fracción de la producción y, en esa
fracción, conserva la capacidad de fijar precios y asignar contratos.
COLOFÓN: Bienestar sin redistribución
Los Productos del Bienestar no
han desmontado las asimetrías del mercado agroalimentario mexicano. Las han reempacado.
Mientras no exista participación del productor en la transformación, precios
por arriba de los costos reales y transparencia total en contratos y padrones,
el Bienestar seguirá siendo una marca, no una redistribución.
La pregunta no es si los
productos son accesibles. La pregunta sigue siendo: bienestar para quién.
Referencias
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institucional sobre el esquema de precios del Café del Bienestar. Gobierno
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