INFRA ROJO

 

INFRA ROJO

El impuesto al trabajo: la nueva línea roja fiscal

Por José Rafael Moya Saavedra

Lo que está ocurriendo en varios estados del país no es un simple ajuste tributario ni una discusión técnica sobre finanzas públicas. Es el arranque de una rebelión empresarial estatal frente a una forma de recaudar que decidió cargar el costo del gobierno directamente sobre el empleo formal, y hacerlo, además, sin diálogo político.

El Impuesto Sobre Nómina (ISN) se ha convertido en el instrumento favorito de los gobiernos estatales para compensar deuda, gasto creciente y falta de ingresos federales. No porque sea el más justo, sino porque es el más fácil: se cobra de inmediato, es difícil de evadir y recae sobre quienes ya cumplen. El problema es que no grava utilidades ni riqueza, grava el trabajo.

Cuando el impuesto castiga al empleo

A diferencia de otros gravámenes, el ISN no distingue si una empresa gana o pierde. Cada punto porcentual adicional encarece cada puesto de trabajo formal, golpea primero a las MiPyMEs y termina premiando, de manera indirecta, a la informalidad que no lo paga.

En Yucatán, casi 200 empresarios de 17 organismos —que aseguran representar alrededor del 95% del PIB estatal— se reunieron para rechazar un aumento al ISN que califican como un abuso recaudatorio, advirtiendo además sobre una deuda estatal que consideran desbordada. El alza propuesta equivale a un incremento cercano al 40% de la tasa, con un impacto directo en contratación, costos operativos y planes de inversión, especialmente en comercio y servicios.

En Nuevo León, cámaras como Coparmex y Caintra se levantaron contra un incremento de alrededor del 33% al ISN. El argumento fue claro: subir el impuesto al trabajo frenaría inversión y empleo en uno de los estados más industrializados del país. La presión fue tal que el gobierno estatal tuvo que anunciar la reversión del alza, manteniendo la tasa por debajo del 3%.

En Quintana Roo, aunque el debate se da en un entorno distinto, el patrón se repite: inconformidad empresarial por el uso del ISN y otros cobros para financiar endeudamiento y megaproyectos locales, con escasa claridad sobre el impacto real en empleo y competitividad.

El problema no es solo cuánto, sino cómo

El punto de quiebre no es únicamente la tasa. Es el cero diálogo.

En Yucatán, el Consejo Coordinador Empresarial denunció que el aumento al ISN se planteó sin consulta previa, afectando a quienes apuestan por la formalidad mientras la informalidad permanece intacta. En Nuevo León, aunque se lograron mesas con partidos y se frenó el alza, persiste la percepción de que las decisiones fiscales se toman de manera unilateral, trasladando cargas sin certidumbre.

Organismos nacionales como Coparmex advierten un patrón preocupante: más presión recaudatoria estatal, casi ninguna compensación en servicios, seguridad o facilidades administrativas, y procesos de negociación cortos, reactivos y opacos.

El mensaje que reciben las empresas es claro: pagar más sin saber para qué, y sin participar en la decisión.

Nuevo León: cuando el impuesto toca fondo político

El caso de Nuevo León es revelador porque muestra que el ISN sí tiene límite político cuando se toca directamente al empleo.

Ahí confluyeron tres factores:

• unidad real de organismos empresariales,
• una narrativa centrada en competitividad y empleo,
• y presión pública que elevó el costo político del aumento.

No se trató solo de protestar. El empresariado documentó el impacto, llevó el tema a medios, se sentó con el Congreso y el Ejecutivo y forzó una negociación real. El resultado fue una marcha atrás. La lección es incómoda para otros estados: cuando el impuesto castiga al trabajo y hay articulación, el gobierno retrocede.

El acoso fiscal como telón de fondo

Aunque el ISN es el corazón del conflicto, no actúa solo. En varios estados, el aumento o intento de aumento al impuesto al trabajo viene acompañado de alzas al predial, derechos turísticos, impuestos ambientales y mayores cargas administrativas. El patrón es claro: cuando subir el ISN genera resistencia, se buscan vías paralelas para recaudar.

El efecto agregado es el mismo: operar formalmente es cada vez más caro. No es una política de desarrollo; es recaudación por saturación.

Gobierno voraz, diálogo ausente

El problema de fondo no es que los estados recauden. Es cómo lo hacen.

No estamos frente a estados pobres, sino frente a gobiernos que eligen el camino políticamente más sencillo: cobrarle al trabajo formal, el único que no puede esconderse, mientras la evasión, la informalidad y el gasto ineficiente siguen sin tocarse.

Subir el impuesto al trabajo sin diálogo, sin evaluación de impacto laboral y sin transparencia sobre el uso de los recursos no es una política fiscal responsable. Es trasladar el costo del mal gobierno a quienes todavía sostienen la economía formal.

Colofón

El impuesto al trabajo se ha convertido en el atajo fiscal de los gobiernos estatales.
Pero no hay recaudación sostenible si se castiga al empleo formal y se rompe el diálogo.
Cuando el Estado decide financiarse gravando al trabajo —no a la evasión, no a la informalidad, no al despilfarro—, no fortalece sus finanzas: erosiona su futuro, debilita la inversión y pone en riesgo la estabilidad de miles de empleos que todavía sostienen la economía formal.

Referencias 

Confederación Patronal de la República Mexicana. (2024). Posicionamiento sobre el incremento al Impuesto Sobre Nómina y su impacto en el empleo formal. Coparmex.

Confederación Patronal de la República Mexicana. (2025). Diagnóstico nacional sobre presión fiscal estatal y competitividad. Coparmex.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE): Resultados trimestrales. INEGI.

Instituto Mexicano para la Competitividad. (2024). Índice de Competitividad Estatal 2024. IMCO.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2024). Finanzas públicas estatales y municipales. Gobierno de México.

Organización Internacional del Trabajo. (2023). Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power. OIT.

Banco Mundial. (2022). Subnational taxation and economic growth: Evidence from emerging economies. World Bank Group.

Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2024). Deuda subnacional y riesgos fiscales en México. CIEP.

México Evalúa. (2024). La calidad del gasto público en los estados: retos de sostenibilidad y rendición de cuentas. México Evalúa.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). Taxing Wages 2023. OCDE.