INFRA ROJO

 

INFRA ROJO

La corrupción erosiona el último dique contra el hambre

Por José Rafael Moya Saavedra

Hay políticas públicas que fallan y políticas públicas que, al fallar, dejan a la gente sin qué comer. El sistema de abasto social pertenece a esta segunda categoría. No es un programa más: es el último dique entre millones de hogares pobres y el hambre abierta. Cuando ese dique se fisura por corrupción, el daño no es administrativo; es humano, silencioso y acumulativo.

Durante décadas, las tiendas comunitarias —antes Diconsa, hoy Tiendas del Bienestar— cumplieron una función elemental: garantizar la presencia mínima de alimentos básicos en territorios donde el mercado no llega o llega caro. No resolvían la pobreza, pero la contenían. Eran una infraestructura modesta, imperfecta, pero vital. Por eso, su colapso no se mide en balances contables, sino en platos vacíos.

El dique simbólico y material

El discurso oficial presenta al programa como un emblema moral: precio justo al productor, alimentos baratos al consumidor, soberanía alimentaria. En el papel, la narrativa es impecable. En el territorio, la escena se repite: anaqueles vacíos, tiendas abiertas sin mercancía, encargados que confiesan que "el pedido no llega". El contraste no es anecdótico; es estructural.

La corrupción no aparece aquí como un acto aislado de rapiña, sino como un sistema de drenaje. El presupuesto fluye hacia contratos inflados, intermediarios privilegiados y esquemas de simulación; el alimento, en cambio, no fluye hacia las comunidades. Cada peso que se queda en el camino es un kilo de maíz que no llega, un frijol que no se vende, una familia que reduce o salta comidas. Cuando la Auditoría Superior de la Federación documenta desvíos por más de 900 millones de pesos en tiendas del Bienestar, esas cifras dejan de ser una abstracción contable: describen el trayecto del dinero que se extravió antes de transformarse en alimento.

Del contrato fantasma al plato vacío

Las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación no son abstracciones técnicas. Cuando se detectan sobreprecios, pagos por bienes no entregados o competencia simulada, lo que está en juego no es solo la legalidad del proceso, sino la integridad del abasto. El efecto final es sencillo y brutal: el dinero público no se transforma en alimentos disponibles.

En los estados de Sinaloa, Oaxaca y Quintana Roo, encargados y vecinos de las tiendas reportan periodos de tres y hasta cuatro semanas sin surtido, una espera silenciosa que redefine el hambre como rutina. Lo que en la jerga administrativa se llama "retraso en distribución" significa, en la práctica, que un niño se acuesta sin cena. Así, la corrupción actúa como un multiplicador de vulnerabilidad. En contextos de inflación alimentaria, inseguridad en rutas, sequías o control territorial del crimen, la tienda pública era el último amortiguador. Al fallar, las comunidades quedan expuestas al mercado privado —cuando existe— o al aislamiento absoluto —cuando no existe—. El hambre no llega de golpe; se instala por desgaste.

Territorios donde el hambre se normaliza

El daño es desigual. En zonas urbanas populares, el desabasto erosiona la confianza y obliga a pagar más. En regiones rurales e indígenas, el impacto es existencial. Allí, la tienda pública no es una opción entre varias: es la única. Cuando cierra o se vacía, no hay sustituto cercano. Caminar kilómetros o pagar precios más altos no es una molestia; es una barrera irrecuperable.

Con el tiempo, el desabasto se normaliza. Se ajusta la dieta, se reducen porciones, se eliminan proteínas. La estadística nacional puede seguir mostrando mejoras agregadas, mientras en el territorio se incuban bolsas de inseguridad alimentaria grave. La corrupción, entonces, no solo roba recursos: reconfigura el mapa del hambre.

El daño político y moral

Hay un segundo efecto, menos visible pero igual de corrosivo: la pérdida de confianza. Cuando el Estado promete abasto y entrega anaqueles vacíos, rompe un pacto básico. La política social deja de sentirse como un derecho y se percibe como una ficción administrada. En colonias populares de la Ciudad de México y en comunidades rurales de Sinaloa, Oaxaca o Quintana Roo, la frase se repite: "la tienda está abierta, pero no hay nada". Esa escena cotidiana vale más que cualquier discurso.

En ese vacío simbólico entran otros actores: intermediarios abusivos que revenden más caro, redes clientelares que condicionan el acceso a despensas y economías ilegales que se ofrecen como "solución" donde el Estado se retira. La continuidad del modelo Segalmex bajo otro nombre no solo perpetúa errores; legítima el cinismo. Cambia el rótulo, no la lógica. Y cuando el hambre se administra con discurso mientras el presupuesto se privatiza en contratos inflados, el daño es doble: material y ético.

El último dique

Un sistema de abasto que funcionara —aun con limitaciones— sería un dique contra la hambruna en tiempos de crisis. Precisamente por eso es tan codiciado. No se saquea lo irrelevante; se saquea lo estratégico. La corrupción en el abasto no es un accidente: es una disputa por el control del alimento subsidiado, por cada kilo de maíz y frijol que puede convertirse en negocio para unos o en cena para otros.

Defender ese dique implica algo elemental: que el dinero llegue a los alimentos y los alimentos a la gente. Todo lo demás —narrativas, relanzamientos, campañas— es accesorio. Mientras la Auditoría Superior de la Federación documenta desvíos millonarios y las comunidades reportan semanas con tiendas vacías, la grieta sigue creciendo. “El hambre no irrumpe con estruendo; avanza despacio, como el agua que se filtra por una grieta. Cuando se vuelve visible, casi siempre es porque ya nadie quiso repararla.”

Referencias (APA 7)

Auditoría Superior de la Federación. (2023). Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022: Diconsa, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Programa de Abasto Rural. ASF.

Auditoría Superior de la Federación. (2024). Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023. ASF.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2022). Medición de la pobreza en México 2020–2022. CONEVAL.

Gobierno de México. (2023, 19 de octubre). Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Alimentación para el Bienestar. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2024). Programa de Abasto Rural y Tiendas del Bienestar: Objetivos, cobertura y operación. Gobierno de México.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. FAO.

Animal Político. (2023). Segalmex: El mayor caso de corrupción del sexenio y sus efectos en el abasto de alimentos. Animal Político.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. (2023). La red de empresas y contratos detrás del sistema de abasto social. MCCI.

El Universal. (2024). Tiendas del Bienestar: Anaqueles vacíos, retrasos y promesas incumplidas. El Universal.

La Jornada. (2024). Comunidades rurales denuncian desabasto persistente en Tiendas del Bienestar. La Jornada.

Sen, A. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford University Press.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters (2nd ed.). Routledge.