INFRA ROJO

 

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¿Quién gana con el maíz parado?

Por Jose Rafael Moya Saavedra

Ganan, sobre todo, quienes tienen liquidez, capacidad de almacenar, acceso al crédito y poder para mover las reglas.

Pierden casi todos los demás.

Cuando el maíz se queda inmóvil en las bodegas, no se trata de un accidente ni de una falla técnica. Es un escenario funcional para ciertos actores del sistema agroalimentario, y profundamente destructivo para el resto del campo.

Los ganadores visibles

Las grandes empresas compradoras —Maseca/Gruma, Minsa, Cargill y firmas similares— no pierden cuando el maíz se detiene. Al contrario: ganan margen y tiempo. Con liquidez suficiente y cadenas de suministro diversificadas, pueden esperar a que el productor se ahogue en deudas, mientras el grano pierde valor en la bodega.

En la práctica, esto ocurre mediante contratos de compra anunciados con un precio y un calendario de pago que, en los hechos, se difieren o se re-negocian. El productor, presionado por créditos, gastos y plazos, termina aceptando descuentos para cobrar “rápido”.

El diferencial entre el precio comprometido en mesas oficiales y el precio efectivo que recibe el agricultor es la porción del subsidio que no llega a la parcela: se queda en manos de acopiadores e industria.

A su lado operan acopiadores y grandes bodegueros con espalda financiera, actores menos visibles pero decisivos. Retienen grano, trasladan costos de almacenamiento al productor y presionan precios a la baja. Luego venden mejor posicionados, ya sea directamente a la industria o como intermediarios. En esa intermediación se captura una renta que no vuelve al campo, sino que se queda en la capa especulativa del sistema.

Ganancias políticas y financieras

El Estado también obtiene una ganancia de corto plazo, aunque sea políticamente riesgosa. Al no subir el precio a 7,200 pesos por tonelada ni rediseñar de fondo la política del maíz, se ahorra recursos fiscales. Puede afirmar que “ya puso apoyos”, que “acompañó al productor” y que lo demás es decisión del mercado.

Pero no se trata de un Estado homogéneo.

A nivel federal, dependencias como SADER y Segalmex definen precios de referencia, esquemas de compra y reglas de apoyo que marcan el tono del mercado. A nivel estatal, gobiernos y organismos locales operan ventanillas, determinan quién entra a los padrones y cómo se aplican esos lineamientos. Entre ambos niveles, financieras de fomento y banca comercial terminan fijando, en los hechos, quién puede aguantar el ciclo y quién queda fuera.

Las reglas de operación de los apoyos exigen al productor cumplir plazos, entregar documentos y asumir costos de almacenamiento que no siempre se reconocen plenamente. Mientras tanto, bancos y financieras siguen cobrando intereses y comisiones sobre créditos puente que solo se pueden liquidar rematando la cosecha.

El subsidio entra por una ventanilla, pero sale por otra vía descuentos, comisiones y tiempo perdido.

La responsabilidad de la crisis, por tanto, no recae en una abstracción llamada “Estado”, sino en decisiones muy concretas de diseño de programas federales, operación estatal y supervisión —o ausencia de ella— sobre acopiadores, bodegueros e industria.

Los que pierden (casi todos)

Pierden, primero, los productores y las comunidades rurales. El maíz sin vender significa deuda, menor inversión, reducción de superficie sembrada en el siguiente ciclo y desgaste del tejido social. La protesta, los bloqueos y la radicalización no son capricho: son la reacción de quienes han sido convertidos en colchón de la especulación ajena.

Pierde también el país.

Mientras hay bodegas llenas sin comprador, México importa volúmenes récord de maíz, sobre todo amarillo, pero cada vez más blanco. Se consolida así un modelo en el que la seguridad alimentaria depende de barcos, traders y precios internacionales, no de la producción nacional.

El maíz parado hoy es la dependencia de mañana.

La conclusión incómoda

El conflicto no gira solo en torno a un precio.
Gira en torno a quién absorbe el riesgo del modelo agroalimentario.

Hoy, ese riesgo lo cargan los productores.
Las ganancias, en cambio, se concentran.

Si se quisiera repartir el riesgo de otro modo, habría que mover al menos tres piezas: compras públicas que fijen un piso real al precio, seguros y financiamiento que protejan al productor en lugar de al intermediario, y una regulación efectiva sobre acopiadores para impedir que el maíz parado se convierta en un negocio a costa del campo.

¿Puede hablarse de soberanía alimentaria cuando el maíz nacional solo vale cuando estorba menos que el importado?

Esa es la pregunta que el maíz parado deja sobre la mesa. Y mientras no se responda con política pública real —no solo con apoyos parciales—, la crisis seguirá repitiéndose, ciclo tras ciclo.

Referencias

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