INFRA ROJO – LA CIUDAD QUE ARDE (PARTE III)
Gas, luz y edificios: la política urbana que la Ciudad de
México sigue postergando
Por José Rafael Moya Saavedra
En Taxqueña, el gas acumulado explotó.
En Zamora 75, una chispa eléctrica incendió un edificio.
En ambos casos, la ciudad reaccionó bien después.
En ninguno, actuó antes.
La lección conjunta de estas dos
escenas no es técnica ni anecdótica. Es política: la Ciudad de México carece de
una política urbana explícita para reconvertir el riesgo tecnológico-doméstico
en edificios de vivienda. Gas y electricidad —los dos servicios más extendidos
y cotidianos— se han convertido también en las dos vías más previsibles del
desastre urbano.
El riesgo que se administra, no se reduce
Durante años, la gestión del
riesgo en la ciudad ha operado bajo una lógica implícita: contener el daño
cuando ocurre, no reducir la probabilidad de que ocurra.
Los datos son conocidos. En la
última década, la Ciudad de México ha acumulado cientos de explosiones por
gas y decenas de miles de incendios, de los cuales más de la
mitad en vivienda se relacionan con cortocircuitos y sobrecargas eléctricas.
No se trata de episodios aislados, sino de una recurrencia constante que se
repite colonia tras colonia, año tras año.
Aun así, no existe una estrategia
integral que trate al gas y a la electricidad como riesgos tecnológicos
estructurales, al mismo nivel que sismos o inundaciones. Se les sigue
clasificando como “fallas domésticas”, cuando en edificios de varios niveles ya
no lo son. En contextos de alta densidad, una fuga o un cortocircuito dejan de
ser un problema privado y se convierten en amenaza colectiva.
El edificio como punto ciego de la política urbana
La vivienda multifamiliar es hoy
la frontera del riesgo urbano, pero también su mayor vacío normativo.
En la práctica:
- no
hay revisiones periódicas obligatorias de instalaciones de gas en
condominios;
- no
existe un programa sistemático de diagnóstico y sustitución de
redes eléctricas antiguas;
- los
cuartos de medidores, tanques compartidos y ductos verticales quedan fuera
de una supervisión continua;
- los
planes internos de emergencia siguen siendo excepcionales, no
regla.
Buena parte de estos incidentes
se concentra en edificios construidos entre los años sesenta y noventa,
donde instalaciones pensadas para otra demanda hoy soportan más aparatos, más
consumo y mayor densidad, sin haber sido reconvertidas. La ciudad regula el uso
de suelo, la densidad y la altura, pero no acompaña esa verticalidad con una
política equivalente de seguridad tecnológica.
Lo que exige la gestión integral del riesgo (y no se
cumple)
Desde la gestión integral del
riesgo —y desde el propio Marco de Sendai— el mandato es claro: prevenir la
creación de nuevos riesgos y reducir los existentes. No hay distinción
entre peligros “naturales” y “tecnológicos” cuando ambos producen pérdidas
humanas, materiales y sociales.
Aplicado a la Ciudad de México,
eso implicaría al menos cuatro líneas de acción que hoy no existen de forma
articulada:
- Reconversión
de instalaciones
Programas públicos, con incentivos, créditos o subsidios, para sustituir redes de gas y electricidad envejecidas en edificios multifamiliares, priorizando inmuebles antiguos y zonas de alta recurrencia. - Inspección
periódica obligatoria
No voluntaria ni reactiva. Revisiones técnicas regulares de instalaciones compartidas, con registros verificables y consecuencias reales por incumplimiento. - Gobernanza
del edificio
Obligar a que los condominios cuenten con planes de emergencia por gas e incendios eléctricos, brigadas internas, señalización y protocolos claros de evacuación. - Datos
para aprender
Una base pública integrada de incidentes por gas y electricidad —fugas, flamazos, explosiones, cortocircuitos e incendios— que permita identificar patrones, zonas críticas y fallas recurrentes. Un arreglo mínimo sería el reporte obligatorio y estandarizado de cada evento, su integración periódica en una base pública y mesas de revisión interinstitucionales para traducir datos en intervenciones concretas sobre edificios.
Sin estos elementos, la ciudad seguirá apagando fuegos sin
reducir su frecuencia.
El costo de no reconvertir
Cada explosión contenida y cada incendio sofocado sin
corrección estructural traslada el costo:
- a
las familias que pierden su hogar,
- a
los vecinos desplazados,
- a
los cuerpos de emergencia saturados,
- y al
erario, que paga atención y reconstrucción, pero no prevención.
La pregunta ya no es si la ciudad
puede pagar una política de reconversión tecnológica. La pregunta es cuánto
cuesta seguir sin ella.
De lo inevitable a lo inaceptable
Llamar “accidente”
a Taxqueña o a Zamora 75 diluye responsabilidades.
Tratar estos eventos como inevitables los normaliza.
La gestión integral del riesgo
propone lo contrario: volver políticamente inaceptable que un edificio
estalle o arda por fallas previsibles. No como excepción trágica, sino como fracaso
de política pública.
Infra Rojo – Parte III
El gas no explota solo.
La electricidad no incendia sola.
Ambos lo hacen donde el
mantenimiento se pospone, la inspección se omite y la política urbana decide
mirar hacia otro lado. Mientras la ciudad no reconvierta sus edificios, seguirá
reaccionando con sirenas. Y cada sirena será la confirmación de una decisión
tomada antes: no prevenir.
Este análisis se apoya en
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, en información
pública de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México, reportes operativos del Heroico Cuerpo de Bomberos y datos
de INEGI sobre antigüedad del parque habitacional.
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