INFRA ROJO

 

INFRA ROJO – LA CIUDAD QUE ARDE PARTE V

El costo político de vivir sobre un mapa que el gobierno ya conoce

Por José Rafael Moya Saavedra

La Ciudad de México no vive a ciegas.

Sabe dónde explota el gas, dónde arden los cables y en qué colonias se repiten las evacuaciones masivas. Las cifras no son una denuncia externa ni una filtración incómoda: son registros oficiales, reportes de bomberos, comunicados de protección civil y estadísticas públicas acumuladas durante años.

El riesgo tecnológico cotidiano —gas y electricidad— no es una hipótesis. Es un patrón documentado.

En la última década se han atendido decenas de miles de fugas de gas y cientos de explosiones relacionadas con gas LP, una explosión cada 8 días en promedio. En paralelo, más de la mitad de los incendios en casa habitación se atribuyen a cortocircuitos y fallas eléctricas. Todos los años, miles de servicios por “corto”, “incendio” o “fuga” recorren las alcaldías de la ciudad.

Sobre ese fondo existen más de once mil unidades habitacionales registradas y decenas de torres residenciales y corporativas donde confluyen alta densidad humana, instalaciones envejecidas, cuartos eléctricos saturados, tanques estacionarios, transformadores y plantas de emergencia. Es ahí donde la probabilidad de que una falla doméstica se convierta en una emergencia estructural deja de ser abstracta.

El mapa del riesgo cotidiano no es una metáfora. Tiene coordenadas, colonias, tipologías de edificios y antecedentes. La ciudad ya lo trazó. Lo que falta no es información: es decisión.

Mirar el mapa y no intervenir

El mismo Estado que produce leyes de gestión integral de riesgos, reglamentos y atlas convive con ese mapa como si fuera inevitable. Lo mira, lo nombra en documentos técnicos, pero rara vez toca sus causas materiales.

La ley de gestión integral de riesgos y el propio Marco de Sendai obligan a los gobiernos a fijar metas explícitas de reducción del riesgo y de pérdidas. En la práctica, la ciudad solo mide cuántos eventos logra “controlar”, no cuántos deja de producir.

El marco legal es claro. La gestión integral de riesgos obliga a identificar, analizar y reducir los riesgos tecnológicos. Gas LP, cortocircuitos e instalaciones envejecidas no son “incidentes domésticos”: son peligros reconocidos que deben corregirse antes de que se manifiesten en explosión o incendio.

Sin embargo, en la práctica, casi no existen programas masivos de reconversión de instalaciones de gas y electricidad en unidades habitacionales ni en edificios de alta densidad. Las revisiones suelen ser voluntarias, fragmentarias o reactivas. Los programas piloto son limitados. No hay obligaciones sistemáticas de inspección periódica para la mayoría de los inmuebles multifamiliares.

Mientras tanto, el presupuesto público se orienta a otras prioridades: grandes obras visibles, proyectos emblemáticos de movilidad o renovación urbana, anuncios de modernización que dejan fuera lo más prosaico —y decisivo—: la reconversión masiva de instalaciones de gas y electricidad en miles de unidades habitacionales donde vive casi la mitad de la ciudad.

El resultado es un modelo de gobierno del riesgo basado en la respuesta. Se invierte en cuerpos de emergencia, en atención rápida, en comunicación de “evento controlado”. Se invierte poco en reducir de manera sostenida el número de eventos.

La ciudad ha elegido un camino: es políticamente más aceptable mandar bomberos que mandar cuadrillas a cambiar instalaciones viejas.

No es una fatalidad técnica. Es una decisión política.

El costo político y social

Cada explosión y cada incendio no solo consumen ladrillos, cableado o acabados. Consumen confianza.

Detrás del parte oficial —“sin lesionados”, “emergencia controlada”, “reingreso ordenado”— queda una huella que no entra en la estadística: miedo a volver a dormir en el mismo edificio, hogares deshechos, mascotas perdidas, rutinas suspendidas, vecinos que descubren que su casa puede dejar de ser habitable en minutos.

En Taxqueña, en Zamora 75 y en cientos de casos menos visibles, la pérdida no es solo material. Se rompe una idea básica: la de que el hogar es un lugar seguro. Se instala otra, mucho más corrosiva: esto puede volver a pasar y nadie lo va a evitar por mí.

Cuando las autoridades llaman “lamentable accidente” a lo que era estadísticamente previsible, el mensaje es doble. Reconocen el daño, pero eluden la responsabilidad de haber convivido durante años con la probabilidad del siniestro sin modificar las condiciones que lo hicieron posible.

El costo político más profundo no está en el escándalo del día ni en la conferencia bajo la carpa de protección civil. Está en la normalización. En una ciudad que se acostumbra a oír explosiones, ver columnas de humo, evacuar edificios y recibir siempre la misma frase tranquilizadora: afortunadamente no hubo muertos.

Vivir sobre un mapa que el gobierno ya conoce significa saber que el próximo punto rojo —la siguiente explosión, el siguiente incendio— ya está, de alguna forma, anticipado en sus bases de datos. El costo político de esa convivencia no se mide en conferencias ni en likes, sino en una ciudad que aprende que su seguridad cotidiana es negociable.

Que su edificio, su unidad, su torre, pueden entrar mañana en la lista de “casos lamentables” sin que nadie en el poder pierda realmente nada.

Infra Rojo – Parte V

El riesgo no es invisible.
Está mapeado.

Lo invisible es la decisión de intervenir antes. Y mientras esa decisión siga postergándose, la ciudad seguirá gobernándose no desde la prevención, sino desde la aceptación tácita del daño.

Porque cuando un gobierno conoce el mapa del riesgo y elige no corregirlo, el siguiente incendio o estallido deja de ser un accidente. Se convierte en el costo político de una omisión prolongada.

 

Referencias

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. (2024). Estadísticas de servicios atendidos 2014–2024. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.gob.mx/cdmx

N+ Noticias. (2024). Fugas y explosiones de gas LP en la Ciudad de México: solicitudes de información al Heroico Cuerpo de Bomberos (2014–2024). https://www.nmas.com.mx

El Economista. (2026, 9 de enero). Explosión por acumulación de gas deja heridos y viviendas dañadas en Paseos de Taxqueña, CDMX. https://www.eleconomista.com.mx

Animal Político. (2026, 9 de enero). Explosión por fuga de gas en unidad habitacional de Coyoacán obliga a evacuación masiva. https://www.animalpolitico.com

Gobierno de la Ciudad de México. (2024). Estadísticas de incendios en la Ciudad de México 2019–2024. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. https://www.cdmx.gob.mx

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. (2023). Programa Bomberos en Casa: prevención de incendios por gas y electricidad. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.gob.mx/cdmx

Excélsior. (2026, 10 de enero). Incendio en edificio de la colonia Condesa provoca evacuación preventiva. https://www.excelsior.com.mx

N+ Noticias. (2026, 10 de enero). Bomberos controlan incendio en edificio de Zamora 75; no hubo lesionados. https://www.nmas.com.mx

Procuraduría Social de la Ciudad de México. (2022). Diagnóstico de unidades habitacionales en la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.prosoc.cdmx.gob.mx

INFO CDMX. (2021). Unidades habitacionales y población residente en la Ciudad de México. Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. https://www.infocdmx.org.mx

Congreso de la Unión. (2012). Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx

Congreso de la Ciudad de México. (2019). Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. https://www.congresocdmx.gob.mx

Gobierno de la Ciudad de México. (2020). Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations. https://www.undrr.org